En un reciente encuentro con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), congresistas del Pacto Histórico en Colombia han expresado su preocupación por lo que califican como una «persecución sistemática» por parte de la Procuraduría General de la Nación y algunos sectores del poder judicial. Este grupo político alega que esta acción está dirigida contra posibles candidatos presidenciales de su coalición, incluidos figuras prominentes como Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero.
Los legisladores presentaron una carta a Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, en la cual detallan lo que consideran violaciones a los derechos civiles y políticos de estos políticos, en particular relacionadas con su integridad personal y garantías judiciales. Según Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, la utilización de la Procuraduría para fines políticos ha sido una constante que amenaza la integridad del sistema democrático en el país.
Esta acusación se produce en un contexto de tensiones políticas elevadas, donde los miembros del Pacto Histórico sienten que sus oportunidades de participación en las próximas elecciones presidenciales de 2026 están siendo minadas. La presencia de la CIDH en Colombia, como parte de su agenda para evaluar la situación de los derechos humanos, proporciona un foro crucial para que estas preocupaciones sean escuchadas a nivel internacional.
Durante la reunión, varios representantes, incluidos Susana Gómez y Alfredo Mondragón, reiteraron la importancia de la vigilancia internacional para asegurar que los procesos políticos y judiciales en Colombia se mantengan libres de manipulaciones y represalias políticas. La situación sigue siendo un punto focal de observación por parte de organismos internacionales y la comunidad global, subrayando la delicada balanza entre política y derecho en la nación suramericana.
