Juan David Riveros, abogado de Keralty, el grupo empresarial que incluye a Sanitas EPS, denunció en una entrevista con EL COLOMBIANO que la intervención forzosa realizada por la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 2 de abril fue «improvisada, ilegal y discriminatoria». Esta acción ha provocado no solo una situación de incertidumbre y parálisis en el sistema de salud, exacerbada por la crisis financiera del sector, sino también ha generado preocupaciones legales significativas.
Riveros explicó que el grupo ya ha iniciado acciones legales para revertir la decisión y ha interpuesto una denuncia penal y una recusación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a quien acusan de tener prejuicios previos contra la empresa que comprometen su imparcialidad y objetividad. Según Riveros, las expresiones pasadas de Leal contra Sanitas constituyen un impedimento legal para su intervención en decisiones relacionadas con la EPS.
El abogado argumenta que la intervención fue una «expropiación indirecta», en la cual, a través de decisiones administrativas, se priva a los particulares de los derechos de propiedad sobre la compañía sin justificación legal. Además, critica que la resolución de intervención fue fundamentada de manera infundada y manipuló indicadores financieros.
La situación es especialmente crítica ya que, según Riveros, la remoción de los administradores, el representante legal y la junta directiva durante la intervención no debería extenderse a los socios, ya que esto afecta directamente la propiedad de la compañía. Esta medida, afirma, va más allá de lo que la ley prevé y entra en el territorio de actuar ilegalmente por parte de la Superintendencia.
Riveros también señaló que se están considerando más acciones legales, dependiendo de cómo avancen las ya anunciadas, incluyendo posibles acciones de carácter constitucional como tutelas o acciones populares, en busca de proteger los derechos de la empresa y de sus accionistas.
