La política en Medellín se tensa tras las acusaciones de corrupción entre antiguos y actuales mandatarios. Daniel Quintero, exalcalde de la ciudad, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el actual alcalde Federico Gutiérrez, argumentando falta de pruebas en las denuncias presentadas contra su administración. Según Quintero, un reciente documento de la Contraloría General de la Nación revelaría que no se recibió material probatorio contra él relacionado con los 501 hallazgos de corrupción que Gutiérrez había anunciado públicamente.
El contexto de esta disputa se remonta a declaraciones hechas por Gutiérrez hace aproximadamente un mes, donde señalaba la detección de múltiples irregularidades durante el periodo de Quintero como alcalde. Estas afirmaciones se acompañaron de un compromiso por parte de Gutiérrez de entregar las evidencias pertinentes a los organismos de control. Sin embargo, la respuesta a un derecho de petición por parte del senador Álex Flórez, facilitada por la Contraloría General, indica que no se han registrado dichas pruebas en el sistema de gestión documental de la entidad desde el 1 de marzo de 2024.
Este anuncio llega en un momento crítico para la política local, donde la transparencia y la integridad de los funcionarios públicos están bajo escrutinio constante. Gutiérrez había asegurado que la documentación pertinente fue enviada a diversas entidades, incluyendo 156 hallazgos a la Contraloría Distrital de Medellín, lo cual sugiere un posible desfase entre las jurisdicciones de las entidades de control a nivel distrital y general.
Daniel Quintero, por su parte, enfatiza su compromiso con la legalidad y la justicia, reforzando su posición con el documento de la Contraloría y prometiendo una batalla legal para limpiar su nombre. Este conflicto no solo pone a prueba la credibilidad de los involucrados, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y la gestión de las denuncias de corrupción en uno de los epicentros políticos y económicos de Colombia. Las implicaciones de este enfrentamiento podrían extenderse más allá de los límites de Medellín, influenciando la percepción pública sobre la corrupción y la rendición de cuentas en todo el país.