A pocos días de recibir el fallo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, enfrenta un momento crítico que podría definir su futuro político. Este miércoles 17 de abril, se espera la decisión sobre su presunta participación política durante las elecciones presidenciales de 2022, la cual podría resultar en una inhabilitación de hasta 15 años. Quintero ha expresado su convicción de que será inhabilitado y ha calificado la medida como una violación a sus derechos políticos.
El origen del conflicto se remonta a un video publicado por Quintero en mayo de 2022, donde aparece manipulando una caja de cambios, acompañado del hashtag #ElCambioEnPrimera. Este gesto fue interpretado por muchos como un apoyo implícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien frecuentemente utilizaba el término «cambio» en sus discursos. Sin embargo, Quintero sostiene que el hashtag no estaba vinculado a ningún eslogan de la campaña de Petro y que no existen pruebas de que lo haya usado antes de su publicación.
La Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, inició un proceso contra Quintero alegando «falta gravísima a título de dolo», y su posible resultado es una inhabilitación que lo dejaría fuera de la contienda electoral de 2026. Quintero ha argumentado que este acto es una estrategia política para impedir su participación futura y ha invocado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que una autoridad administrativa no puede inhabilitar derechos políticos.
Este caso ha evocado comparaciones con situaciones anteriores, como la inhabilitación del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el exprocurador Alejandro Ordóñez, lo que desató una amplia controversia y debates sobre la justicia administrativa en Colombia. Mientras tanto, el exalcalde Quintero se prepara para enfrentar un posible revés significativo en su carrera, subrayando un episodio más en la intensa y a menudo polarizada arena política colombiana.
