El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha denunciado públicamente un «montaje» en su contra, vinculado a un caso de fraude procesal y soborno en actuación penal. Uribe ha destacado la falta de avances en la acción judicial contra los magistrados que supuestamente cometieron errores al interceptar sus comunicaciones de manera ilegal. Esta declaración surge en medio de la formalización de acusaciones en su contra, programadas para las audiencias del 17 y 24 de mayo.
Uribe, quien ha reiterado su inocencia desde el inicio del proceso, se refirió específicamente a interceptaciones ilegales que él afirma fueron dirigidas por el exmagistrado José Luis Barceló. Según Uribe, aunque se identificó que las escuchas eran un «error», se permitió que continuaran, lo que él interpreta como una acción dolosa con la intención de perjudicarlo.
El líder del Centro Democrático recordó un incidente específico en el que, tras ser advertidos sobre la incorrecta interceptación de sus comunicaciones, los operadores decidieron continuar con el procedimiento. «Cuando ya habían adelantado escuchas, interceptaciones, el operador les dijo: ‘Estoy escuchando, es a Álvaro Uribe, ustedes me pasaron fue el teléfono de Uribe’. Él les advirtió el error; sin embargo, le dijeron: ‘Siga’”, relató Uribe, destacando la premeditación y el interés en causarle daño.
Este caso ha generado un amplio debate en Colombia sobre la legalidad y la ética de las prácticas judiciales y de inteligencia, especialmente en lo que respecta a figuras políticas prominentes. La situación se complica aún más con la revelación de que, aunque la acción disciplinaria en favor del analista de las interceptaciones ilegales ha caducado, no se ha avanzado judicialmente contra los magistrados responsables de ordenar dicha interceptación.
A medida que se acercan las fechas de las audiencias, el país espera con interés cómo se desarrollará este caso, que ha tenido amplias repercusiones políticas y sociales. La situación pone de relieve la delicada relación entre la justicia y la política en Colombia, así como los desafíos que enfrenta el sistema judicial para manejar casos de alta sensibilidad y repercusión pública.