El Tribunal Administrativo de Antioquia ha emitido una sentencia en primera instancia que declara la pérdida de investidura de las concejalas de Itagüí, Gloria Cecilia Herrera y Luisa María Zapata. Este fallo, que aún está sujeto a confirmación por el Consejo de Estado, surge a raíz de la participación de ambas concejalas en la elección del secretario general del Concejo, un cargo que recayó en un excompañero de lista electoral, destacando un presunto conflicto de intereses.
Los hechos en cuestión ocurrieron durante una sesión del Concejo el pasado 2 de enero, donde Gustavo Adolfo Betancur, también miembro del mismo grupo político que las concejalas durante las elecciones, fue seleccionado como secretario general tras un concurso de méritos organizado por la Universidad del Atlántico. La elección se llevó a cabo con una abrumadora mayoría, en la que Betancur obtuvo 16 de 17 votos posibles.
La controversia surge dado que tanto Herrera como Zapata habrían tenido que abstenerse de votar en dicha elección por compartir afiliación política con Betancur, lo que según el demandante, el también concejal Walter Esneider Betancur (sin relación con Gustavo Adolfo Betancur), constituye un conflicto de interés. Las concejalas, por su parte, han defendido su actuación alegando que la elección fue el resultado de un proceso meritocrático y que no tenían injerencia directa en el mismo.
La defensa de las concejalas argumenta además que no fueron debidamente advertidas sobre la posibilidad de incurrir en un conflicto de interés, y que actuaron bajo la guía de asesoría legal que indicaba que no había riesgo en su participación. Sin embargo, el Tribunal ha refutado estos argumentos, destacando que su condición política compartida con el candidato elegido comprometía la imparcialidad requerida para dicho proceso electoral interno.
Esta decisión se suma a otras similares en el ámbito político colombiano, donde la línea entre la actividad política y el cumplimiento de las normas éticas y legales se vigila con especial atención. Las concejalas aún conservan sus curules mientras esperan la revisión de la decisión en segunda instancia por parte del Consejo de Estado, cuyo fallo será definitivo.
