La crisis en RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, alcanza nuevos picos de tensión con la saliente directora Nórida Rodríguez, quien ha roto el silencio sobre lo que describe como un sistemático sabotaje por parte de Hollman Morris, el subgerente y próximo director de la entidad. Rodríguez, en declaraciones públicas y a través de sus redes sociales, acusa a Morris de entorpecer su gestión y promover una campaña de desprestigio en su contra, elevando el nivel de la confrontación interna en un momento crítico para el medio estatal.
A pesar de encontrarse en incapacidad médica y haber presentado su renuncia—que aún no ha sido aceptada—, Rodríguez afirma con vehemencia que sigue en su cargo y responsabiliza a Morris de no cumplir con las directrices de trabajar en equipo, instrucciones que afirma vinieron directamente del presidente Gustavo Petro. Las tensiones entre Rodríguez y Morris no son nuevas; sin embargo, las recientes declaraciones sugieren un deterioro significativo en la relación laboral, complicando aún más la gestión de RTVC.
El trasfondo de esta disputa incluye acusaciones de malas prácticas en la contratación y gestión interna en RTVC, temas que ya han llamado la atención de la Procuraduría General de la Nación, la cual inició una investigación disciplinaria contra Rodríguez y otros miembros del equipo directivo. Este escenario se agrava con las recientes denuncias de la W Radio sobre la posible interferencia de otros subgerentes en decisiones clave, lo que sugiere un panorama de gobernanza desafiante dentro de la entidad.
A esto se suma el logro que ambos, Rodríguez y Morris, reivindican como propio: la puesta en marcha de una unidad móvil para RTVC, que promete mejorar la cobertura noticiosa de la entidad. Morris destaca este logro como fruto de su gestión, mientras que Rodríguez insiste en que es el resultado del esfuerzo colectivo de su equipo, marcando otro punto de fricción.
Esta pugna interna no solo revela los desafíos administrativos y de liderazgo dentro de RTVC, sino que también refleja las tensiones políticas y los desafíos de gestionar entidades estatales en un contexto de cambios gubernamentales y expectativas públicas. La comunidad espera que este conflicto se resuelva de manera que priorice el interés público y la integridad de los medios públicos en Colombia.
