En una declaración sin precedentes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha salido al paso de las acusaciones que le imputa la Fiscalía, marcando un capítulo más en la saga judicial que ha capturado la atención nacional. Desde Montería, Uribe rompió su silencio respecto al juicio penal en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, afirmando que se enfrenta a un proceso motivado por «venganzas políticas» y carente de evidencias concretas.
«Este juicio lo adelantan por venganzas políticas. Sin pruebas», expresó Uribe, sugiriendo que su caso ha sido objeto de una animadversión particular por parte de algunos magistrados de la Corte Suprema, a quienes acusó de negarle la oportunidad de presentar su versión de los hechos. El exmandatario también criticó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, insinuando conexiones políticas que, según él, podrían sesgar el proceso judicial en su contra.
Uribe no dudó en mencionar la relación entre el senador Iván Cepeda y uno de los testigos clave, Juan Guillermo Monsalve, argumentando que esta conexión es prueba de la manipulación y el uso indebido del sistema judicial en su contra. Además, cuestionó la legalidad de ciertas interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación, calificándolas de ilegales y enfatizando la falta de una orden judicial que justificara dichas acciones.
La acusación formal presentada por la Fiscalía sugiere que Uribe y otros involucrados buscaron alterar testimonios para favorecer al expresidente y a su hermano Santiago Uribe. Sin embargo, Uribe refuta estas afirmaciones, argumentando que todas las pruebas aportadas por su defensa fueron presentadas sin alteraciones y que el alto tribunal eligió desestimarlas, actuando con prejuicio contra él.
«Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, por suposiciones, ánimos políticos, por la necesidad de igualar a quien no ha delinquido, con quien sí lo ha hecho”, concluyó Uribe, preparándose para enfrentar uno de los juicios más mediáticos y divisivos en la historia reciente de Colombia. Este proceso no solo pone a prueba la integridad del sistema judicial colombiano, sino que también refleja las profundas divisiones políticas que aún persisten en el país.
