En un movimiento que ha desatado una amplia gama de reacciones, Otty Patiño, el alto comisionado de Paz del gobierno de Gustavo Petro, ofreció declaraciones que han causado revuelo en el ámbito político y social colombiano. Ante el anuncio por parte de la disidencia de las FARC, liderada por Iván Mordisco, de crear un nuevo bloque operativo en tres departamentos del país, Patiño expresó una perspectiva que muchos consideran controvertida: la aceptación de esta «reorganización interna» como un derecho inherente del grupo.
Esta declaración ha generado un punto de inflexión en el discurso oficial hacia el proceso de paz y la gestión de grupos armados, al señalar que, si la reestructuración conlleva un respeto por el cese al fuego y por la población civil, entonces sería vista con buenos ojos por el gobierno. Patiño argumentó que la formación de bloques y la agrupación de frentes podría traducirse en una mayor responsabilidad y centralización de acciones, algo que, a su juicio, podría beneficiar las negociaciones de paz y garantizar un mayor respeto por los derechos y libertades de la población afectada por el conflicto.
No obstante, esta postura no ha estado exenta de críticas. Figuras como Daniel Palacios, exministro del Interior, han cuestionado duramente la estrategia de paz del gobierno Petro, sugiriendo que tales declaraciones solo sirven para fortalecer a los grupos armados y permitirles operar con mayor libertad, a expensas de la seguridad y bienestar de los ciudadanos colombianos. Palacios advierte que este enfoque podría llevar a un resurgimiento de la violencia en regiones que ya habían superado la presencia de las FARC, implicando un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado y el logro de una paz duradera.
La situación plantea un dilema fundamental sobre el equilibrio entre buscar la paz y asegurar la justicia y seguridad para todos los colombianos, especialmente cuando se trata de grupos con un largo historial de violencia y crimen. La reacción del gobierno frente a las disidencias de las FARC y su nueva reorganización será crucial para definir el futuro del proceso de paz en Colombia y la efectividad de la política de «paz total» promovida por el presidente Petro.
