En un esfuerzo por combatir la explotación sexual de menores, la Alcaldía de Medellín ha implementado un decreto que prohíbe la demanda y oferta de servicios sexuales en zonas clave como El Poblado, Parque Lleras y Provenza. Esta medida, que entra en vigor de inmediato y tendrá una duración de seis meses, se produce en respuesta a un incidente reciente en el que dos menores fueron encontradas en compañía de un ciudadano estadounidense en el hotel Gotham, lo que ha desatado un amplio debate sobre la eficacia de las estrategias para proteger a los niños y adolescentes en la ciudad.
La decisión, según el alcalde Federico Gutiérrez, es una respuesta a «alteraciones extraordinarias de seguridad» relacionadas con la explotación sexual, y busca atacar el delito controlado por organizaciones criminales. Sin embargo, expertas en el tema y defensoras de los derechos humanos plantean dudas sobre la efectividad de la medida y su implementación.
Sara Jaramillo, presidenta de la veeduría a la ruta de trata de personas de Medellín, reconoce la intención positiva del decreto, pero advierte sobre las ambigüedades en la normativa y la preparación insuficiente de la policía para abordar estos temas sensibles. La preocupación principal radica en cómo se interpretará y se aplicará la medida en situaciones reales, lo que podría desplazar el problema a otras áreas sin abordar las causas subyacentes.
Por otro lado, Jazmín Santa, investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, critica la falta de inversión en programas sociales que aborden el consumo de drogas y el microtráfico como problemas estructurales. Según Santa, sin una inversión significativa en cultura, educación y deporte, las medidas como la suspensión de la prostitución solo trasladarán el problema sin solucionarlo.
La situación en Medellín refleja la complejidad de luchar contra la explotación sexual de menores, un delito que se ve facilitado por contextos de prostitución pero que también se extiende a escenarios digitales y otros espacios de la ciudad. Mientras la Alcaldía busca proteger a los menores con este nuevo decreto, la comunidad y los expertos instan a una aproximación más integral que incluya la prevención, la educación y el apoyo a las víctimas.
Este debate subraya la urgencia de encontrar soluciones efectivas y sostenibles para proteger a los más vulnerables de la sociedad, y pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que vayan más allá de las medidas temporales y aborden las raíces profundas de la explotación sexual en Medellín y más allá.