La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos ha tomado la decisión de expulsar a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, citando una serie de irregularidades y comportamientos que contradicen los principios y objetivos de la organización. Rodrigo Ricaurte, director para las Américas de la comisión, declaró recientemente que la inclusión de Juan Fernando como comisionado de paz resultó ser un «gravísimo error». Esta decisión resalta discrepancias significativas en las expectativas y realidades de la participación de Juan Fernando en los procesos de paz en Colombia, un elemento central de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Según Ricaurte, las actividades emprendidas por Juan Fernando Petro no solo carecían de relación con su cargo designado sino que también desviaron la atención hacia escándalos y acciones no autorizadas, como visitas a prisiones que no estaban dentro del marco de trabajo de la comisión. Estas acciones han llevado a la organización a considerar medidas legales por presunta suplantación, ya que Juan Fernando continuó realizando actividades en nombre de la comisión después de su expulsión oficial el 19 de enero.
La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, con sede registrada en Bogotá y origen en Ecuador, trabaja prioritariamente en temas de derechos humanos y paz en la región latinoamericana. La designación inicial de Juan Fernando como parte del equipo fue vista como un paso hacia una mayor participación en los diálogos de paz del país. Sin embargo, la gestión de Juan Fernando ha sido criticada por desviar el enfoque de la organización hacia otros intereses y por involucrarla en actividades consideradas ilegales.
Ante este conflicto, Ricaurte ha anunciado una visita a Colombia en las próximas tres semanas para revelar los detalles de una investigación interna sobre las acciones de Juan Fernando Petro durante su tiempo en la comisión. Con esta medida, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos busca esclarecer las circunstancias y asumir una postura firme contra lo que consideran actividades perjudiciales para su misión y reputación. La situación subraya los desafíos y las sensibilidades asociadas con la gestión de organizaciones de derechos humanos y la importancia de la integridad en el desempeño de roles relacionados con la paz y los derechos humanos.
