El Ministerio de la Igualdad y Equidad, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta críticas significativas tras revelarse que solo ha ejecutado un 0,14% de su considerable presupuesto asignado para el año en curso. Esta cifra, obtenida de los datos oficiales del Portal de Transparencia Económica (PTE), coloca a esta cartera como la de menor ejecución dentro del actual gobierno, despertando inquietudes sobre su eficacia y la gestión de los recursos destinados a promover la igualdad y equidad en el país.
A pesar de contar con una apropiación de un billón ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos, el Ministerio ha comprometido solamente 6.582 millones de pesos para uso durante la vigencia fiscal actual, lo que representa apenas un 0,37% del total presupuestado. Este contraste es aún más notable cuando se compara con la ejecución de otros ministerios, como el de Educación y Minas y Energía, que han utilizado un 19% y un 18% de sus respectivos presupuestos.
La mayoría del presupuesto ejecutado hasta la fecha se ha destinado a salarios y gastos relacionados con la nómina, dejando pendiente la asignación de fondos significativos para iniciativas claves como el fortalecimiento del derecho a la igualdad y el Sistema Nacional de Cuidado. Este último, una pieza central en la estrategia del Ministerio para promover una nueva organización social de los cuidados en el país, no ha visto comprometido ni un solo peso de su asignación de 400 mil millones.
La situación ha generado preocupación no solo por la baja ejecución presupuestal en sí, sino también por el impacto potencial en los objetivos del Ministerio de liderar junto a otras entidades el esfuerzo nacional por garantizar el goce efectivo del derecho a la igualdad. Este bajo rendimiento pone en cuestión la capacidad del Ministerio para cumplir con sus metas establecidas y, más ampliamente, refleja un desafío continuo para el gobierno de Gustavo Petro, que ha enfrentado críticas por la ejecución presupuestal en varios frentes.
A medida que el año fiscal avanza, aumenta la presión sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad para que demuestre una mayor agilidad y eficiencia en el uso de sus recursos, asegurando que los fondos asignados se traduzcan en acciones concretas que avancen hacia la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.
