El presidente Gustavo Petro ha tomado una postura firme ante los recientes actos de intimidación perpetrados por el Clan del Golfo en el municipio de Tierralta, Córdoba. En un acto que desafía la voluntad de paz proclamada por el grupo armado, este bloqueó las vías de acceso a Tierralta, generando temor y desplazamiento en la comunidad local. Frente a este escenario, el mandatario colombiano ha ordenado a la fuerza pública intervenir de inmediato para restaurar el orden y garantizar la libre movilidad de los ciudadanos.
La orden presidencial resuena con un mensaje claro: el Estado colombiano no tolerará chantajes ni acciones que perjudiquen a la población civil. «¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo», expresó Petro, enfatizando la responsabilidad de las fuerzas armadas de actuar en conformidad con los intereses y seguridad del pueblo colombiano.
Esta situación se presenta en un contexto en el que el Gobierno del llamado cambio busca abrir diálogos de paz con el Clan del Golfo, bajo condiciones que exigen el abandono del narcotráfico y la criminalidad. El presidente ha sido enfático al señalar que el gobierno no se dejará manipular por el grupo armado, indicando que cualquier diálogo debe ser serio y encaminado a la desarticulación de las economías ilícitas que alimentan el conflicto.
«¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos? El de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo. Hablamos. Si están dispuestos, hablamos. Pero no para vernos cara de bobos, para hablar seriamente de eso», sostuvo Petro, marcando una línea roja en las negociaciones con el Clan del Golfo.
La decisión del presidente de intervenir directamente en la situación de Tierralta no solo refleja su compromiso con la seguridad y el bienestar de los colombianos, sino que también envía un mensaje contundente a los grupos armados: el Gobierno está dispuesto a negociar la paz, pero no a expensas de la soberanía del Estado ni de la seguridad de su pueblo.
Este enfoque de Petro representa un desafío significativo en el complejo panorama de seguridad de Colombia, donde la búsqueda de una paz duradera a menudo se ve obstaculizada por los intereses y acciones de grupos armados ilegales. La determinación del presidente de enfrentar estos desafíos de frente, subraya una nueva etapa en el enfoque gubernamental hacia la paz, marcada por la firmeza y la claridad en sus condiciones.
