El discurso del presidente Gustavo Petro en Apartadó, Antioquia, ha desencadenado una ola de reacciones por parte de políticos antioqueños, quienes no han tardado en expresar su descontento. Mencionando hasta 15 veces la comuna de El Poblado, una de las zonas más prósperas de Medellín, el mandatario insinuó una conexión entre el empresariado de esta área y el financiamiento de grupos paramilitares. Este comentario ha sido interpretado por muchos como una estigmatización no solo hacia El Poblado sino hacia todo Antioquia, región que, aunque históricamente conservadora, aportó cerca de 900.000 votos al presidente en las pasadas elecciones.
El gobernador Andrés Julián Rendón y la senadora Paola Holguín son solo algunos de los políticos que han levantado la voz, criticando lo que consideran una visión polarizante del presidente. Mientras Petro afirma que su intención es llamar la atención sobre las injusticias del pasado, sus detractores lo acusan de fomentar la división y de carecer de reconocimiento hacia la contribución empresarial a la economía local.
Este episodio ha avivado el debate sobre el papel de los empresarios en la historia del país y sobre cómo se narran y comprenden los conflictos pasados y presentes. Además, ha puesto de relieve la profunda brecha ideológica que existe entre el gobierno central y algunos sectores de la política regional. A medida que este diálogo continúa, una cosa es clara: las palabras del presidente han dejado una marca indeleble en la conversación nacional, obligando a muchos a reflexionar sobre la complejidad de la historia de Colombia y el camino hacia la reconciliación.
