La elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo con una mayoría de 18 votos de 23 magistrados posibles, ha desencadenado controversia y un desafío legal. Jhon William Castro y Sthefanny Feney Gallo han presentado una demanda ante el Consejo de Estado, alegando violaciones constitucionales en el proceso de selección y nombramiento de Camargo.
Los demandantes argumentan que el proceso transgredió el artículo 249 de la Constitución, el cual estipula que el fiscal general debe ser electo por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República. El núcleo de su reclamo se centra en la presunta desintegración de la terna, tras la renuncia de Amelia Pérez, uno de los nombres propuestos, situación que, según los demandantes, debió ser considerada antes de proceder a la elección por parte de la Corte.
Además, la demanda plantea una acusación de discriminación por parte del presidente Gustavo Petro, quien optó por presentar una terna compuesta exclusivamente por mujeres para el cargo, lo que los demandantes interpretan como una violación al derecho a la igualdad de género, al no considerar candidatos masculinos para la posición.
Este litigio introduce un elemento de incertidumbre en torno a la legalidad y legitimidad de la elección de Camargo, cuya resolución recae ahora en manos del Consejo de Estado. Este órgano judicial deberá determinar si procede a un análisis profundo de la demanda y si se justifica la adopción de medidas cautelares que podrían suspender temporalmente el nombramiento de Camargo como fiscal.
El caso ha capturado la atención pública y político, poniendo en relieve las tensiones entre la administración actual y los mecanismos constitucionales y legales de nombramiento de altos cargos del Estado. La decisión del Consejo de Estado no solo tendrá implicaciones directas para Camargo y el funcionamiento de la Fiscalía General, sino que también podría sentar un precedente en cuanto a las normativas y criterios para futuras nominaciones y elecciones de este calibre en Colombia.
