En un giro inesperado en la política de seguridad y paz del gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro ha anunciado la suspensión del cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco en Nariño, Cauca, y Valle del Cauca. Esta decisión, oficializada mediante decreto, responde a los incumplimientos reiterados de los acuerdos por parte de este grupo armado, especialmente en lo referente a ataques contra la población civil y fuerzas del orden. El cese al fuego, que había sido prorrogado por seis meses más desde el 14 de enero, verá la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales en estas regiones a partir del 20 de marzo de 2024.
El presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, expresó su decepción ante la actitud del Estado Mayor Central de las disidencias, acusándolos de aprovechar el proceso de paz para fortalecerse militarmente bajo el manto de la economía ilícita y el narcotráfico. Esta situación, según Petro, refleja una traición a los principios revolucionarios por parte de las disidencias, quienes priorizan sus intereses económicos ilícitos sobre el bienestar y la seguridad de la población colombiana.
El acuerdo de cese al fuego bilateral original, firmado en octubre del año pasado, buscaba facilitar los diálogos de paz y establecer un marco de acción pacífica en áreas críticas del país. Sin embargo, las denuncias de la comunidad y las autoridades locales sobre el incumplimiento de las disidencias han obligado al gobierno a tomar medidas drásticas para proteger a los ciudadanos y restaurar el orden en las áreas afectadas.
Este reciente desarrollo pone en evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno colombiano en su esfuerzo por lograr una paz total, resaltando la complejidad de negociar con grupos armados que, según denuncias, continúan participando en actividades delictivas y violando los derechos humanos de la población. La comunidad internacional y organizaciones como las Naciones Unidas han condenado estos ataques, especialmente aquellos dirigidos contra comunidades indígenas, y exigen respeto incondicional por la vida y los derechos fundamentales de todos los colombianos.
