Una investigación de ‘La Silla Vacía’ ha sacado a la luz un escándalo que conecta directamente la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la Costa Caribe con la adjudicación de lucrativos contratos gubernamentales a Euclides Torres, un empresario clave en este esquema. Según el informe, Torres y su entorno familiar han sido beneficiarios de contratos por un valor aproximado de $180.000 millones, gestionados a través del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para proyectos de energía solar en barrios de bajos ingresos en la región Caribe.
La profundidad y amplitud de la red corporativa vinculada a Torres es tal que algunas de sus empresas fueron incluso encargadas de supervisar la ejecución de contratos de otras empresas dentro del mismo grupo, generando preocupaciones sobre conflictos de interés y transparencia en la adjudicación de contratos públicos. Entre los contratos destacados, se encuentra uno por $95 millones destinado a la instalación de paneles solares en barrios vulnerables, adjudicado a la unión temporal Energiza. Curiosamente, Iluminación Moderna de Colombia S.A.S., empresa conectada con Torres, lidera este proyecto a pesar de su falta de experiencia previa en el sector solar.
Otro contrato en cuestión, valorado en $69 millones y dirigido a la renovación de electrodomésticos en edificios públicos, fue otorgado a la unión temporal Energía Eficiente de Colombia. Sorprendentemente, ET Progresiva S.A.S., liderada por el cuñado de Torres, tiene el 90% de participación en este negocio. A pesar de las negativas de Torres sobre su vinculación con esta unión temporal, la conexión familiar y las implicaciones financieras sugieren lo contrario.
El escándalo se complica aún más con la revelación de sobrecostos y la asignación de contratos sin competencia legítima, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad del proceso de contratación pública bajo la administración actual. Este caso no solo destaca la estrecha relación entre la financiación de campañas políticas y la adjudicación de contratos estatales sino que también arroja dudas sobre la promesa de transparencia y reforma del gobierno de Petro.
A medida que emergen más detalles, este asunto amenaza con ensombrecer la gestión del presidente Petro, cuestionando la ética y la responsabilidad de su administración en la gestión de recursos públicos y la implementación de políticas de energía renovable. Este escándalo refleja la necesidad crítica de mayor escrutinio y rendición de cuentas en todas las formas de contratación pública, especialmente aquellas que están directamente relacionadas con figuras políticas y sus campañas.
