La Corte Constitucional de Colombia ha dado marcha atrás a la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro de renombrar la Fuerza Aérea Colombiana como «Fuerza Aeroespacial Colombiana». La decisión del tribunal, basada en la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, subraya que el Congreso, al aprobar la Ley 2302 de 2023 que propiciaba este cambio de denominación, actuó fuera de su competencia legal, violando directamente la Constitución Nacional.
Este intento de cambio, que emergió bajo la ley titulada “por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial y se dictan otras disposiciones”, ha sido invalidado al considerar que ninguna ley ordinaria tiene la facultad de alterar la nomenclatura establecida por la Carta Magna. La Constitución colombiana, en su artículo 217, define explícitamente a las fuerzas militares del país como «el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea», estableciendo así un marco que no permite modificaciones a través de procedimientos legislativos ordinarios.
La propuesta de cambio de nombre, que había generado considerable debate público y especulaciones sobre las implicaciones para la identidad y las operaciones de la Fuerza Aérea, ha sido vista por muchos como un esfuerzo del actual gobierno por modernizar y expandir el ámbito de operaciones de esta rama militar, incluyendo potencialmente el espacio exterior. Sin embargo, la Corte ha reiterado que tales modificaciones requieren de un proceso que respete los límites y procedimientos dictados por la Constitución, superiores a cualquier ley.
La decisión ha resonado en varios sectores de la sociedad colombiana, reafirmando la preeminencia de la Constitución como «norma de normas» y el respeto por los procesos establecidos para su modificación. Este fallo no solo detiene el cambio de nombre sino que también sirve como un recordatorio de los límites del poder legislativo frente a la estructura constitucional del Estado.
En última instancia, este acontecimiento destaca la importancia de la coherencia legal y la adherencia a la Constitución en la administración pública y la formulación de políticas. La Fuerza Aérea Colombiana, con una historia y tradición consolidada, continúa su misión de defensa y soberanía del espacio aéreo colombiano bajo su denominación constitucional, mientras el país reflexiona sobre este episodio de su historia jurídica y política.
