La reforma a la salud en Colombia, una de las iniciativas más ambiciosas y polémicas del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un momento crítico en su proceso legislativo. Con ocho de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Senado expresando su deseo de archivar el proyecto, el futuro de la reforma pende de un hilo, justo antes de su tercer debate en el Congreso.
Este vuelco en los acontecimientos se gestó inicialmente por siete congresistas de dicha comisión, quienes radicaron una ponencia negativa, argumentando profundos desacuerdos con la propuesta del Ejecutivo. Posteriormente, se sumó a ellos la senadora Norma Hurtado, marcando un posible punto de no retorno para la iniciativa que busca transformar el sistema de salud colombiano.
La decisión de estos senadores se sustenta en varios puntos críticos que, según ellos, hacen inviable la propuesta: regresividad en términos de derechos adquiridos, ausencia de aval fiscal, insostenibilidad financiera, desconocimiento de los logros del sistema de salud actual, falta de soluciones a los retos del sistema, ausencia de garantías de transparencia en el manejo de recursos y la falta de un consenso nacional.
Este movimiento legislativo no solo representa un golpe a los esfuerzos del gobierno por reformar el sector salud, sino que también refleja las profundas divisiones en el seno del Congreso respecto a cómo abordar los problemas estructurales de la salud en Colombia. La polarización en torno a este tema sugiere desafíos significativos para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en reformas sustantivas.
Ante este escenario, el Gobierno se encuentra en la disyuntiva de negociar con los opositores para revertir la decisión o replantear su estrategia y buscar nuevas vías de consenso. El recurso de cambiar opiniones mediante negociaciones políticas, recordando episodios anteriores en la historia política del país como la «Yidispolítica», parece ser una de las pocas salidas para evitar el hundimiento total de la reforma.
Los argumentos presentados por los senadores opositores a la reforma resaltan la necesidad de un diálogo más profundo y una reconsideración de los aspectos más controvertidos del proyecto. La salud de los colombianos y el futuro del sistema sanitario nacional demandan un debate inclusivo, transparente y constructivo, que logre equilibrar las diferentes visiones y necesidades de la población.
El desafío ahora para los actores políticos y sociales es encontrar ese punto de equilibrio que permita avanzar hacia un sistema de salud más justo, sostenible y accesible para todos los colombianos. La tarea no es menor, y el tiempo apremia en un contexto de crecientes demandas sociales por un mejor acceso a la salud y una gestión más eficiente y transparente de los recursos.
