La reciente elección de Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación, tras la inesperada renuncia de Amelia Pérez a la terna presidencial, ha desatado un intenso debate jurídico y político en Colombia. La maniobra legal y las interpretaciones de la Constitución y la ley son ahora el centro de una controversia que podría desembocar en demandas ante el Consejo de Estado, con el fin de cuestionar la legalidad de este nombramiento.
La argumentación principal de quienes consideran viable demandar la elección radica en la premisa de que una terna debe estar compuesta por tres candidatos hasta el momento de la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia. La salida de Amelia Pérez, justo antes de la votación, ha llevado a algunos a afirmar que la terna quedó desintegrada, y, por tanto, el procedimiento de elección habría incurrido en un vicio de forma.
Sin embargo, la postura del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, sugiere una interpretación diferente. Al considerar la renuncia de Pérez como «inane» en el contexto de la votación ya en curso, la Corte procedió con la elección sobre la base de la terna originalmente presentada por el presidente Gustavo Petro, resultando en la elección de Camargo con un número de votos superior al necesario.
Este escenario abre varios frentes de acción legal. Por un lado, se anticipa que cualquier ciudadano podrá interponer una acción electoral, argumentando que la elección se realizó sobre una base de dos candidatos y no de tres, como estipula la normativa. El Consejo de Estado, con antecedentes de tumbar elecciones de fiscales por motivos diversos, tendría la última palabra en este asunto, aunque el proceso podría extenderse por uno o dos años.
La eventual demanda, según expertos como el exmagistrado Jaime Arrubla, parece ser un desenlace casi seguro, dada la magnitud de la discusión constitucional y legal que envuelve la elección. La preocupación adicional es que la nueva Fiscal General pueda verse distraída de sus funciones principales por tener que manejar la defensa frente a este desafío legal.
Kenneth Burbano, por su parte, sostiene que la Corte cumplió con su deber constitucional al elegir a partir de la terna presentada, subrayando que no hay una disposición explícita que indique la necesidad de recomponer la terna ante la renuncia de uno de sus integrantes en la etapa de elección.
El desarrollo de este caso será un indicador crucial de cómo las instituciones jurídicas colombianas interpretan y aplican las normas constitucionales y legales en situaciones complejas. Más allá de las implicaciones inmediatas para la Fiscalía General, este episodio promete ser un punto de referencia para futuras nominaciones y elecciones de altos cargos en el país, poniendo a prueba la solidez y claridad del marco jurídico colombiano en materia de nombramientos públicos.
