En una decisión que marca un precedente significativo en el ámbito de la justicia administrativa en Colombia, el Consejo de Estado ha anulado la sanción disciplinaria de ocho meses impuesta a Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y destacado personaje político del país. La sanción, originada por un incidente en julio de 2019 donde Hernández agredió físicamente al concejal Jhon Jairo Claro Arévalo, ha sido objeto de controversia y debate público desde su imposición.
El alto tribunal determinó la nulidad de los fallos emitidos tanto por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa como por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, argumentando la inaplicabilidad de dicha sanción disciplinaria a funcionarios de elección popular, en línea con criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión reafirma que solo la autoridad penal, y no la disciplinaria, tiene competencia para sancionar a estos funcionarios.
Como consecuencia directa de esta anulación, se ordenó la eliminación de todo registro de la sanción en las bases de datos pertinentes, restaurando así la situación jurídica de Hernández previa a la sanción. Adicionalmente, en un giro favorable para el excandidato presidencial, se determinó que no deberá efectuar el pago de 95.662.760 pesos colombianos inicialmente impuesto como parte de la sanción. De haberse realizado ya este pago, la Procuraduría General de la Nación deberá proceder a su reembolso.
Este fallo del Consejo de Estado no solo representa una victoria legal para Rodolfo Hernández sino que también plantea interrogantes sobre los límites y alcances de las sanciones disciplinarias en el ámbito político colombiano, especialmente en casos involucrando a funcionarios electos por voto popular. La resolución ha generado reacciones diversas, reflejando el complejo equilibrio entre responsabilidad ética y legalidad en la administración pública del país.
