En un giro inesperado en la política colombiana, el Consejo de Estado ha anulado la elección de María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, como primera vicepresidenta del Senado, argumentando que este cargo debe ser ocupado por representantes de las minorías políticas. La decisión ha generado una ola de reacciones, incluyendo la del presidente Gustavo Petro, quien expresó su descontento y confusión frente a la medida a través de su cuenta en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.
El alto tribunal fundamentó su decisión en el artículo 40 de la Ley 5 de 1992, que establece la participación de las minorías en las primeras vicepresidencias de las mesas directivas de Senado y Cámara. Según el Consejo de Estado, el nombramiento de Pizarro contradice esta disposición, ya que, a pesar de contar con el aval del movimiento MAIS, es considerada parte del Pacto Histórico, una coalición con significativa representación en el Congreso.
La sentencia ha suscitado un debate sobre la interpretación de las normas que rigen la composición de las mesas directivas del Congreso, especialmente en lo que respecta a la inclusión y representación de las minorías políticas. El presidente Petro, en particular, ha cuestionado la coherencia de los criterios aplicados por el Consejo de Estado, señalando una aparente contradicción en el tratamiento de los miembros del Pacto Histórico, dependiendo de si se trata de asignar cargos directivos o de defender sus curules.
“¿Por qué cuando éramos minorías y oposición nunca se falló a favor de estar en la primera vicepresidencia del senado, y ni siquiera en las mesas directivas? ¿Por qué para quitarnos de las mesas directiva del congreso si somos del Pacto Histórico y no de sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curules si somos de los partidos constitutivos y no del Pacto Histórico?”, cuestionó Petro en su publicación.
La controversia también ha sido calificada por el senador Iván Cepeda, compañero de bancada de Pizarro, como una «persecución política» contra el Pacto Histórico, criticando la decisión como arbitraria y un obstáculo para la representación equitativa en la mesa directiva del Senado.
Este episodio subraya la complejidad y la tensión inherentes al equilibrio de poderes en Colombia, así como la importancia de una interpretación clara y consistente de la legislación para garantizar la participación democrática de todas las fuerzas políticas en las instituciones del Estado.
