La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha presentado su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país durante el año 2023, evidenciando una persistente violencia que golpea con fuerza a las comunidades más vulnerables. A pesar de observarse una disminución en algunos indicadores de violencia, el informe subraya la alarmante expansión territorial y las tácticas de control social y territorial violentas por parte de grupos armados ilegales.
Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacó durante la presentación del informe que, en 2023, se verificaron 105 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, además de 98 masacres que dejaron un saldo de 320 víctimas. Estos datos reflejan no solo la gravedad de la violencia en el país sino también la urgente necesidad de abordar estas problemáticas para proteger a las poblaciones afectadas.
El informe señala que el Cauca es el departamento más afectado por la violencia contra defensores de derechos humanos, seguido de cerca por Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca. La violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores de edad también fueron destacados como preocupaciones graves, con 53 casos de violencia basada en género verificados y 134 casos de reclutamiento de menores por grupos armados.
Además, el informe identifica una estrategia deliberada por parte de estos grupos para destruir liderazgos comunitarios y sociales, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones. Este panorama se ve agravado por la extorsión, restricciones de movimiento, y violaciones múltiples a los derechos humanos, incluyendo el secuestro y desaparición forzada.
A pesar de estos desafíos, De Rivero reconoció la apertura del gobierno colombiano para tratar temas difíciles de derechos humanos y el enfoque de derechos humanos en las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y drogas adoptadas por el gobierno. La cooperación entre distintas autoridades y la ONU para los Derechos Humanos es un paso positivo hacia el fortalecimiento de la protección colectiva y la búsqueda de soluciones a la violencia que afecta a Colombia.
Este informe de la ONU resalta la importancia de continuar y reforzar los esfuerzos para proteger a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y poblaciones vulnerables en Colombia. Es crucial que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través del respeto a la población civil y que se implementen medidas efectivas para prevenir la violencia y garantizar la seguridad y los derechos humanos de todos los colombianos.
