El retorno de Salvatore Mancuso Gómez a Colombia tras 17 años de ausencia ha generado gran expectativa en el país. El excomandante paramilitar, quien cumplió una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas, llegará este martes en un vuelo chárter procedente de Atlanta, acompañado por un centenar de deportados. Sin embargo, su regreso no estará exento de polémica y complicaciones legales.
Una vez en territorio colombiano, Mancuso será recibido por agentes de la Policía Nacional y de Migración Colombia para realizar los trámites de ingreso y la respectiva verificación de requerimientos judiciales. Posteriormente, será trasladado a los calabozos de la Dijín en Bogotá, para luego definir su destino en un centro carcelario que cumpla con las medidas de seguridad necesarias.
El excomandante paramilitar enfrenta un panorama judicial adverso, con 13 requerimientos por parte de salas de justicia y paz de todo el país, por delitos que van desde el concierto para delinquir hasta homicidio agravado. A pesar de que en noviembre de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó su sometimiento, sus expedientes siguen en proceso en Justicia y Paz, lo que genera incertidumbre sobre su situación legal.
Mancuso, quien busca ser acogido por la JEP, será recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, donde permanecerá en aislamiento y bajo estricta vigilancia las 24 horas del día. Su testimonio ante la justicia colombiana será crucial en el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por delitos de fraude procesal y soborno a testigos, aunque el excomandante no está directamente relacionado con este caso.
El retorno de Mancuso también suscita interrogantes sobre las solicitudes de extradición pendientes en su contra, firmadas por diversas instancias judiciales colombianas. Estas solicitudes, que suman un total de 17, evidencian la complejidad legal que enfrentará el excomandante paramilitar al regresar a su país de origen.
El regreso de Mancuso, además de reavivar debates sobre la justicia transicional y la responsabilidad de los actores del conflicto armado en Colombia, plantea nuevos desafíos para el sistema judicial y para la estabilidad política del país en un momento crucial de su historia reciente.
