En respuesta al creciente problema de inseguridad en Colombia, el representante del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de actualizar los permisos para el porte de armas de fuego en el país.
El proyecto surge en medio de un aumento preocupante de denuncias diarias por asaltos y robos en las calles y establecimientos comerciales. Según Wills, «Al Estado le quedó grande proteger a los colombianos», lo que motiva la necesidad de que los ciudadanos tengan mayores herramientas para protegerse a sí mismos.
El representante conservador argumenta que la falta de una respuesta contundente ante la delincuencia ha llevado a una sensación de impunidad entre los criminales, quienes saben que las personas no están armadas y que, por lo tanto, son vulnerables a sus ataques.
El proyecto de ley propone actualizar los registros y permisos para el control del porte de armas de fuego, con el fin de promover la legítima defensa y proporcionar un mensaje disuasorio a los delincuentes. Se espera que esta actualización incluya requisitos y regulaciones más estrictas, basadas en estudios de seguridad y análisis de vulnerabilidad de las personas.
Además, se contempla la realización de exámenes psicológicos y psicotécnicos, así como la capacitación en el manejo de armas, para aquellos que deseen portarlas legalmente. Estas medidas buscan garantizar que solo aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos y demuestren un adecuado entrenamiento puedan acceder al porte de armas.
El proyecto de ley representa un intento por parte del Congreso de Colombia de abordar el problema de la inseguridad ciudadana mediante la flexibilización del porte de armas, aunque seguramente generará debate y controversia en el país en los próximos meses
Porte de armas en Colombia: quiénes pueden tenerlas y cómo se saca el permiso
El Gobierno Nacional ha extendido nuevamente la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia mediante el Decreto 2362 del 2018, con vigencia hasta el año 2024. Esta medida tiene como objetivo reducir la discrecionalidad en la expedición de permisos y ha sido respaldada por una nueva Directiva que establece pautas claras para las autoridades militares encargadas del proceso de evaluación.
Es importante destacar que la posesión o porte de armas no se considera un derecho fundamental, sino una excepción que requiere un proceso exhaustivo de evaluación para obtener un permiso especial.
Existen dos tipos principales de permisos: el Permiso de Estado, regulado por el Decreto Ley 2535 de 1993, y el Permiso Especial de Porte, que puede variar a nivel regional y nacional.
La nueva Directiva tiene como objetivo garantizar objetividad y uniformidad en el proceso de evaluación de los permisos especiales, con el fin de evitar la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades militares.
Los requisitos para obtener un permiso especial de porte de armas son estrictos e incluyen la posesión de un permiso de porte vigente, consultas de antecedentes, presentación de una carta justificativa, certificación de residencia, entre otros aspectos.
En cuanto a quiénes pueden acceder a estos permisos, existen excepciones para ciertas personas naturales y jurídicas, como el personal de la Fuerza Pública, congresistas, magistrados, funcionarios de altas cortes, fiscales, gobernadores, alcaldes, personal de comisiones de países extranjeros acreditados en el país, deportistas y coleccionistas de armas de fuego con permisos de tenencia para armas deportivas vigentes.
Estas excepciones garantizan que aquellos responsables de la seguridad y el orden público tengan acceso a los recursos necesarios para cumplir con sus funciones de manera adecuada.
