En una reciente y controvertida declaración, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», antiguo líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reveló la alineación del grupo armado con la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para movilizar a la población colombiana en las calles. Este anuncio ha generado un sinfín de reacciones a lo largo del país, marcando un nuevo capítulo en la interacción entre grupos armados y políticas gubernamentales.
El ELN, conocido por su larga historia de acciones armadas en el territorio colombiano, parece haber encontrado un terreno común con el Ejecutivo en el ámbito de la movilización ciudadana. En un video difundido, Gabino expresó el apoyo del ELN a las movilizaciones populares, enfatizando la importancia de organizar al pueblo en torno a las reformas y necesidades inmediatas, pero siempre con una visión a largo plazo. Este mensaje fue dirigido especialmente a los estudiantes durante un evento en la Universidad Nacional, instándolos a participar activamente en las calles.
Esta revelación surge en un contexto delicado, donde el país aún navega las aguas turbulentas de las negociaciones de paz y el debate sobre la participación ciudadana en los cambios políticos y sociales. Aunque el ELN ha mostrado interés en una agenda de paz que incluye una participación más activa de la sociedad, la manera en que este mensaje se ha transmitido ha suscitado preocupaciones sobre la influencia de grupos armados en los procesos democráticos y en la movilización ciudadana.
Paralelamente, la seguridad nacional se mantiene en vilo tras el reciente secuestro de John Jairo Jiménez por presuntos miembros del ELN en el sur de Bolívar. Este acto, que contraviene los compromisos de cese del secuestro adquiridos por el ELN en conversaciones de paz, plantea interrogantes sobre la coherencia entre las declaraciones públicas del grupo y sus acciones en el terreno. El Gobierno y las autoridades de defensa han expresado su compromiso con la identificación y liberación de los secuestrados, reafirmando la necesidad de cumplir con los acuerdos establecidos para avanzar hacia la paz.
Este panorama pone de relieve la complejidad de las dinámicas políticas y sociales en Colombia, donde la línea entre la movilización ciudadana legítima y la influencia de grupos armados se torna cada vez más difusa. A medida que el país continúa buscando caminos hacia la paz y la justicia social, la inclusión de voces y actores diversos en el diálogo es indispensable, pero siempre bajo el marco del respeto a la legalidad y la democracia. La situación actual demanda una reflexión profunda sobre cómo garantizar la participación ciudadana sin ceder espacio a la influencia de aquellos que, desde las sombras, buscan moldear el futuro de Colombia a través de métodos que desafían los principios democráticos.
