El sistema penitenciario colombiano se enfrenta a una de sus crisis más agudas, tras el anuncio del ministro de Justicia, Néstor Osuna, de declarar emergencia carcelaria en todo el país. Esta decisión, impulsada por una serie de ataques violentos contra funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la evidente escalada de amenazas, marca un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad que sacude los cimientos de la seguridad nacional.
La emergencia, declarada el 12 de febrero, responde a una ola de violencia que ha cobrado la vida de un dragoneante del Inpec en la ciudad de Cartagena, un acto que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de aquellos encargados de custodiar las prisiones. Con un hacinamiento que alcanza el 51% en los 17 centros de reclusión de Antioquia, la situación es aún más alarmante, duplicando el promedio nacional de sobrepoblación carcelaria.
El Inpec, que administra 125 establecimientos a nivel nacional con capacidad para 81.740 reclusos, actualmente alberga a 101.976 personas privadas de la libertad, lo que refleja un hacinamiento del 24,7%. Este escenario pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas contundentes para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los funcionarios del Inpec como de los reclusos.
La decisión del ministro Osuna de declarar la emergencia carcelaria no solo busca frenar la cadena de violencia y proteger a los funcionarios en riesgo, sino también abrir un diálogo sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema penitenciario. Con el Inpec entrando en paro nacional a partir del 12 de febrero, la situación demanda una respuesta rápida y efectiva del Gobierno, que debe enfrentar el desafío de mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles y abordar el problema endémico del hacinamiento.
