La gestión del presupuesto por parte del Gobierno de Gustavo Petro ha desatado una ola de críticas y preocupaciones, especialmente por los $13 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, que ahora se encuentran en una especie de limbo sin asignación específica. Este montante, equivalente a los ingresos de Colombia por exportaciones de petróleo y manufacturas en diciembre de 2023, ha generado tensiones y cuestionamientos sobre la transparencia y la intencionalidad detrás de su manejo.
La controversia se centra en el posible riesgo que estos fondos representan para proyectos cruciales en Antioquia y Bogotá, incluyendo el metro de Bogotá, el Regiotram, el metro ligero para Medellín y el Túnel del Toyo. La salida de Jorge Iván González de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) añade otro capítulo a este drama, evidenciando una crisis interna y poniendo en duda la credibilidad técnica del equipo de Petro.
Los expertos y políticos han lanzado alarmas sobre la posibilidad de que estos recursos se conviertan en una «caja menor» para el gobierno, distribuyéndose según conveniencia y sin seguir criterios técnicos. La falta de destino específica en el presupuesto liquidado ha llevado a especulaciones sobre un manejo arbitrario de fondos que podrían afectar negativamente el desarrollo de infraestructuras clave y, por ende, el crecimiento económico del país.
Esta situación ha provocado reacciones en distintos sectores, incluido el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien comparó el manejo presupuestal del gobierno con el de una «registradora de tienda de barrio». Además, ha surgido el temor de que esto represente un castigo a regiones como Bogotá, Antioquia y Barranquilla, que podrían ver comprometida la financiación de sus proyectos más importantes.
El gobierno, por su parte, defiende su posición argumentando que se trata de un ejercicio de priorización solicitado por el presidente, asegurando que los recursos para proyectos como el metro de Bogotá están garantizados. Sin embargo, la falta de claridad y la posible discrecionalidad en la asignación de estos fondos continúan generando debate y preocupación sobre las prioridades del Gobierno Petro y su impacto en el desarrollo nacional.
