En medio de un creciente debate sobre el respeto a las instituciones y la legalidad en Colombia, el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático ha presentado una acción de cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, buscando que el presidente Gustavo Petro haga efectiva la sanción impuesta por la Procuraduría contra el canciller Álvaro Leyva. Este movimiento legal, según Cadavid, es una respuesta directa a lo que considera una flagrante violación a la Constitución y a la democracia por parte del actual gobierno, al no acatar la suspensión de Leyva, a pesar de las múltiples irregularidades señaladas por la Procuraduría.
El escenario se complica con la insistencia del canciller Leyva de permanecer en su cargo, apoyado por declaraciones que sugieren esperar a que el presidente decida sobre su reemplazo. Esta situación ha generado un intenso debate no solo sobre la figura de Leyva sino también sobre la postura del presidente Petro frente a las decisiones de los órganos de control. Cadavid argumenta que este caso podría sentar un precedente peligroso para el estado de derecho en Colombia, al permitir que cualquier funcionario público ignore las sanciones impuestas por entidades legítimas como la Procuraduría.
La acción judicial presentada busca obligar al presidente a acatar la sanción impuesta, en un momento en que el país observa atentamente las dinámicas de poder entre diferentes ramas y entidades del Estado. La reacción del gobierno a esta acción podría tener implicaciones significativas no solo para el canciller Leyva sino también para la percepción de la legalidad y el respeto a las instituciones en el actual gobierno.
Mientras tanto, la defensa del canciller argumenta que Leyva continuará en su cargo hasta que el presidente Petro designe un reemplazo, una posición que ha generado críticas y preocupaciones sobre el respeto a las decisiones judiciales y administrativas en Colombia. La situación plantea preguntas fundamentales sobre la separación de poderes, el respeto a las instituciones estatales y la salud de la democracia en el país.
El caso de Leyva se convierte, así, en un foco de atención en el debate más amplio sobre la gobernanza, la legalidad y el respeto institucional en Colombia, con potenciales repercusiones para la relación entre el ejecutivo y los organismos de control, así como para la credibilidad del gobierno frente a la comunidad nacional e internacional.