En un contexto donde Colombia busca consolidar su proceso de paz, el país enfrenta un desafío significativo con el alarmante aumento de casos de extorsión, un fenómeno que pone en duda la credibilidad de la paz total. El año pasado, se registraron 10.263 casos de extorsión, la cifra más alta en una década, según el Ministerio de Defensa. Este incremento del 20% en los últimos cuatro años ha sido alertado por la Defensoría del Pueblo, evidenciando una preocupación creciente.
La extorsión, un delito que afecta a ganaderos, empresarios, campesinos, comerciantes y tenderos, ha sido perpetrada por grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y otras bandas criminales. Estos grupos, algunos de los cuales están en diálogos de paz con el gobierno o han expresado su intención de hacerlo, han continuado con sus actividades delictivas, generando dudas sobre su compromiso real con la paz.
Un caso emblemático es el de un empresario agrícola en Huila, quien recibió una citación de las disidencias de las Farc para negociar la «vacuna» (extorsión) que debía pagar por operar en zonas controladas por la guerrilla. Este tipo de situaciones, que parecen sacadas de los años noventa, han vuelto a ser una realidad cotidiana en algunas regiones del país.
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta el reto de abordar este aumento de la extorsión, que no solo afecta la economía sino también la confianza en el proceso de paz. Las víctimas de estos delitos cuestionan la verdadera intención de paz de los grupos armados y piden al gobierno fortalecer la seguridad y la justicia.
Este escenario de inseguridad y extorsión plantea un dilema para el proceso de paz total en Colombia, donde la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto por la ley se convierte en un aspecto crucial para avanzar hacia una paz duradera y creíble.
