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jueves, diciembre 12, 2024
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Salario mínimo para 2025 podría alcanzar $1.410.000 si el Gobierno repite fórmula de aumento del año anterior

El proceso de negociación para definir el salario mínimo en Colombia en 2025 comenzará en noviembre, con la expectativa de que trabajadores y empresarios logren un acuerdo en diciembre. Si no se llega a consenso, como sucedió en 2023, el presidente Gustavo Petro deberá fijarlo por decreto. La fórmula utilizada el año pasado, que incrementó el salario mínimo en un 12,1%, podría volver a aplicarse, llevando el monto mensual por encima de $1.400.000.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha proyectado que la inflación cerrará 2024 en un 5,5%. Si se mantiene el patrón de incrementar el salario tres puntos porcentuales por encima de la inflación, como ocurrió en la última negociación, el aumento para el 2025 sería del 8,5%, elevando el salario mínimo a $1.410.000 sin incluir el auxilio de transporte. En paralelo, este beneficio, que creció un 6% en 2024, podría llegar a $180.630 para el próximo año.

El contexto económico de 2024 marca un desafío adicional para esta negociación. La inflación, aunque controlada, aún se encuentra por encima del objetivo del Banco de la República, fijado en 3%. Además, la economía colombiana está fuertemente indexada, lo que significa que el incremento del salario mínimo impacta costos como arriendos y multas, ejerciendo presión sobre la economía general. Por ello, tanto empresarios como sindicatos deberán equilibrar sus intereses en las próximas semanas para evitar decisiones que afecten la competitividad del país.

El Gobierno del presidente Petro ha defendido su intervención en la fijación del salario en 2023, argumentando que este tipo de aumentos contribuye al bienestar de los trabajadores. Sin embargo, un estudio del Banco de la República advierte que un alza desmesurada podría desincentivar la generación de empleo formal, lo que agrega complejidad al proceso. El Ministerio de Trabajo, liderado por Gloria Inés Ramírez, jugará un papel crucial en las negociaciones para asegurar que estas sean justas y equitativas, tomando en cuenta tanto las recomendaciones técnicas como las necesidades económicas del país.

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