El 9 de octubre de 2024, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia presentarán un proyecto de ley que busca modificar el sistema judicial en Colombia. La reforma judicial tiene como objetivo agilizar los procesos, mejorar el acceso a la justicia y ofrecer beneficios a los acusados que admitan su responsabilidad en ciertos delitos, bajo condiciones específicas.
Entre los puntos clave de la reforma, se destaca la posibilidad de que los acusados de delitos graves, como los sexuales contra menores, secuestro o terrorismo, obtengan una rebaja de hasta el 50% de la pena si aceptan cargos de manera temprana. El porcentaje de reducción dependerá de la etapa procesal en la que se realice la aceptación. Además, la propuesta plantea eliminar las menores rebajas para quienes son capturados en flagrancia y extender los beneficios a delitos como el feminicidio.
Otro aspecto fundamental es el cambio en el principio de oportunidad, que permitiría suspender un proceso para facilitar negociaciones con la Fiscalía. Sin embargo, se establecen restricciones para delitos graves como tráfico de estupefacientes o terrorismo, en los que solo aplicará este principio si el acusado no es un líder o promotor de la organización delictiva.
Finalmente, la reforma otorga nuevas facultades a los fiscales para la recolección anticipada de pruebas, especialmente en casos donde los testimonios pudieran verse comprometidos con el tiempo, siempre bajo la supervisión de un juez. Además, se modificará el control de garantías para que un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá asuma estas funciones en ciertos casos.
El proyecto de ley, firmado por Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, Luz Adriana Camargo, fiscal General, y Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, promete ser una herramienta clave para mejorar los índices de justicia y garantizar los derechos de las víctimas en Colombia.
