La reciente decisión judicial de suspender la actividad exploratoria en el pozo Uchuva 2, ubicado en el Bloque Tayrona en aguas profundas frente a la Costa Caribe colombiana, ha encendido las alarmas en el sector energético del país. La medida, derivada de una tutela que cuestiona la falta de consulta previa con la comunidad indígena de Taganga, podría comprometer la autosuficiencia energética de Colombia.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión en el abastecimiento de gas natural, del cual dependen 36 millones de colombianos. El pozo Uchuva 2 posee un potencial de 400 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), un volumen crucial para retomar la autosuficiencia energética en el mediano plazo.
Frank Pearl, presidente de la ACP, destacó que “este proyecto es estratégico para el futuro energético del país”, subrayando que las reservas de gas en Colombia han estado en declive desde 2012. Según Pearl, sin nuevos proyectos como Uchuva 2, el país podría enfrentar un déficit de gas en 2025.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, instó a la comunidad de Taganga a considerar el impacto de sus demandas sobre la consulta previa, advirtiendo que la suspensión del proyecto podría afectar el acceso al gas natural, un recurso esencial para la vida digna de millones de colombianos, especialmente en términos de alimentación y salud.
El fallo de tutela, que a pesar de las certificaciones de no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, establece un precedente preocupante para la industria del gas. ACP y Naturgas señalaron que decisiones judiciales como esta generan incertidumbre para los inversionistas, lo que podría comprometer no solo el desarrollo de Uchuva 2, sino también la seguridad energética a largo plazo.
La ACP enfatizó que sin el desarrollo de nuevos proyectos en alta mar, Colombia no podrá revertir la disminución progresiva de sus reservas de gas, que han caído un 58% desde 2012. El desafío es encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las comunidades y la necesidad imperante de asegurar el acceso a recursos energéticos vitales para la población y la economía nacional.
