La reciente ratificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que valida el resultado de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, ha generado una ola de rechazo entre varios presidentes latinoamericanos y defensores de los derechos humanos. El TSJ, presidido por Caryslia Rodríguez, ha confirmado a Nicolás Maduro como el ganador de los comicios, desestimando las alegaciones de fraude electoral planteadas por la oposición y organismos internacionales.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha manifestado en contra de la decisión, calificando la ratificación de «fraude consolidado». Boric, en su cuenta de X, denunció que el fallo del TSJ es una demostración de «infamia» y acusó al régimen de Maduro de reprimir a sus opositores y de ignorar la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. Este pronunciamiento se une a las críticas del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien condenó la falta de apertura democrática en Venezuela y exigió que se mantenga la presión internacional para defender la causa venezolana.
Por su parte, Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, también expresaron su rechazo. Peña calificó de «inaceptable» la validación sin una revisión exhaustiva e independiente, mientras que Arévalo rechazó el régimen de Maduro como no democrático, enfatizando que el resultado de las elecciones no es reconocido por su gobierno. Estos comentarios reflejan una postura regional unificada contra lo que se percibe como un proceso electoral carente de legitimidad.
La oposición venezolana, que ha calificado la sentencia del TSJ como una usurpación de funciones y un «fraude electoral», ha presentado pruebas de que el verdadero ganador de las elecciones sería el candidato Edmundo González Urrutia, con más del 67 % de los votos. A pesar de estas alegaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha divulgado los resultados detallados, intensificando la crisis de transparencia.
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y WOLA, han instado a una verificación independiente de los resultados y han criticado la falta de imparcialidad del TSJ. El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que inicialmente se mantenía confidencial, expuso deficiencias graves en la gestión de los resultados, lo que aumenta las demandas de una investigación internacional. Mientras tanto, Estados Unidos ha advertido que podría imponer sanciones adicionales a los funcionarios venezolanos involucrados en lo que consideran un «fraude electoral» y una represión continua.
La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela, esperando medidas que garanticen la transparencia y la justicia en el proceso electoral.
