El 21 de agosto de 2024, en Calarcá, Quindío, se hizo efectiva la orden de captura contra Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el Gobierno de Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia había ordenado su detención para cumplir una condena de cinco años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como Yidispolítica.
Moreno, uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Uribe, fue declarado culpable de tráfico de influencias en modalidad continuada. La sentencia también incluye una multa superior a 140 millones de pesos y una prohibición de ocupar cargos públicos durante casi siete años. Esta decisión, confirmada a principios de agosto, se basa en su papel en la compra de votos para la reelección presidencial de Uribe en 2006.
La investigación reveló que Moreno facilitó el cumplimiento de compromisos del Gobierno con congresistas a cambio de su apoyo para modificar la Constitución y permitir una segunda reelección de Uribe. Parte de estos compromisos incluían la asignación de cargos públicos a allegados de Yidis Medina Padilla, una congresista que, a cambio de su voto favorable, recibió ofertas de puestos en diversas entidades gubernamentales.
La Corte destacó que Moreno, con su experiencia en la administración pública, conocía la ilegalidad de sus acciones al proceder fuera del marco constitucional y legal. La condena a Moreno se suma a las de otros exfuncionarios del Gobierno Uribe implicados en el escándalo, incluyendo a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri.
El caso Yidispolítica, que involucra sobornos y manipulación en el proceso de reelección, sigue siendo un punto de controversia en la política colombiana. La exrepresentante Yidis Medina, quien confesó haber recibido ofertas a cambio de su voto, fue condenada a tres años y medio de prisión y posteriormente volvió a la política en su natal Barrancabermeja.
