El matrimonio infantil sigue siendo un problema grave en Colombia, especialmente en las zonas rurales y entre la población indígena y afrodescendiente. Según un informe de UNICEF, Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial y el 11 en América Latina y el Caribe en cuanto a la prevalencia de niñas casadas o unidas antes de los 18 años. En las zonas rurales del país, el 40% de las niñas se casan antes de alcanzar la mayoría de edad, una cifra que refleja la profunda desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan estas menores.
El impacto de esta práctica es aún más severo en departamentos con altos índices de pobreza multidimensional, como Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira y Caquetá, donde las tasas de matrimonio infantil son las más elevadas. En estas regiones, la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación y la violencia estructural perpetúan un ciclo que condena a las niñas a un futuro limitado y lleno de riesgos.
La situación es especialmente crítica entre las niñas indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan mayores probabilidades de ser obligadas a unirse antes de los 15 años. Según la organización Girls Not Brides, en Colombia, el 23% de las niñas están casadas o en unión antes de los 18 años, y un 5% lo están antes de cumplir los 15. Estas uniones tempranas no solo vulneran sus derechos, sino que también las exponen a mayores riesgos de violencia y abuso.
Ante esta problemática, el Congreso de la República está tramitando un proyecto de ley que busca elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, sin excepciones. Esta iniciativa pretende alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que apuntan a eliminar el matrimonio infantil para 2030. Actualmente, la legislación colombiana permite el matrimonio a partir de los 14 años, una realidad que expertos y organizaciones buscan cambiar para proteger a las niñas y garantizar su derecho a un desarrollo pleno y seguro.
El proyecto de ley es una respuesta urgente a las estadísticas alarmantes y al llamado de la sociedad civil para erradicar una práctica que limita las oportunidades y perpetúa la desigualdad en las comunidades más vulnerables del país.
