La Superintendencia de la Economía Solidaria ha ordenado la intervención de Copservir Ltda, la cooperativa detrás de la cadena Drogas La Rebaja, citando prácticas de gestión inseguras y falta de transparencia en la información financiera. Este anuncio surge en un contexto donde se evidencian serias irregularidades en la administración de la empresa, incluyendo el incumplimiento de estatutos y la presunta celebración de contratos sin las autorizaciones legales necesarias.
La Supersolidaria ha revelado que las inconsistencias reportadas por Copservir no permiten una clara visión de la situación financiera real de la cooperativa, lo que ha provocado una acción decidida para asegurar la protección de los consumidores y la estabilidad del mercado. Según la entidad, Copservir también ha incumplido con los procedimientos establecidos en sus estatutos, especialmente al aprobar asuntos no agendados en reuniones de asamblea, lo que sugiere una gestión que pone en riesgo la integridad de la cooperativa.
El contexto de la intervención se complica aún más con antecedentes legales. Copservir ha sido señalada en decisiones judiciales previas por vínculos con actividades ilícitas, específicamente en la sentencia de extinción de dominio del 11 de julio de 2022. Esta sentencia confirmó que algunos activos de la cooperativa tenían origen en actividades del narcotráfico, complicando aún más su situación legal y administrativa.
La cadena, que cuenta con una presencia significativa en el territorio colombiano con más de 1.030 establecimientos y más de 6.700 empleados, enfrenta ahora un futuro incierto. Según Jesús Albrey González Páez, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, la intervención podría implicar la remoción de sus actuales órganos de gobierno, marcando un cambio drástico en la dirección de la empresa.
Este no es el primer episodio de intervención para Copservir; en 2005 ya había sido objeto de medidas similares por razones de gestión inapropiada. Sin embargo, la repetición de estas circunstancias subraya desafíos persistentes dentro de la cooperativa y pone de relieve la necesidad de una supervisión más rigurosa para prevenir futuras infracciones que puedan afectar la confianza del público y la estabilidad del sector farmacéutico en Colombia.
