La Embajada de Rusia en Colombia ha aclarado las circunstancias que han llevado a la inmovilización de una flota de helicópteros Mi-17 pertenecientes al Ejército colombiano. Según declaraciones de la representación diplomática, la suspensión de un contrato clave con la compañía rusa NASC S.A. para el mantenimiento de estas aeronaves ha sido el factor determinante tras el estancamiento de estos equipos militares en la base de Tolemaida. El Ministerio de Defensa colombiano tomó la decisión de suspender unilateralmente este acuerdo en febrero de 2023, lo que ha provocado una significativa reducción en la operatividad de las fuerzas armadas colombianas.
Esta controversia surge en un contexto complicado, marcado inicialmente por la decisión del ministerio de suspender la ejecución de contratos vigentes en marzo de 2022, debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con el envío de helicópteros a Rusia para su mantenimiento, en pleno desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque en 2023 se firmaron documentos que parecían allanar el camino para la reanudación de los trabajos de mantenimiento, el ministerio detuvo nuevamente la ejecución de estos contratos de manera unilateral.
La situación de los helicópteros Mi-17, fundamentales para operaciones como el traslado de tropas y carga dada su capacidad de movilizar hasta 24 pasajeros y llevar cargas de hasta 4.000 kilos, es un reflejo de las complejas dinámicas de la política de defensa y las relaciones internacionales. Según la revista Semana, la reparación de estos helicópteros podría tener un costo cercano a los 100 millones de dólares, una suma considerable que subraya la importancia de estos equipos para la capacidad operativa del ejército colombiano.
La embajada rusa ha expresado su disposición a continuar con el mantenimiento de los helicópteros y ha propuesto diversas soluciones para superar el impasse, incluyendo la reparación de las aeronaves en territorio colombiano o la cesión del derecho de ejecución de los contratos a una compañía colombiana. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Defensa colombiano a ninguna de estas propuestas.
Este conflicto contractual no solo plantea un desafío logístico para las fuerzas armadas colombianas, sino que también se suma a las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro relacionadas con la adquisición de armamento, como la suspensión de compras a Israel, uno de los principales proveedores de Colombia. Este panorama sugiere un momento de reevaluación y potencial crisis en la política de defensa del país, en un tiempo donde las amenazas de estructuras ilegales se hacen cada vez más presentes tanto en zonas rurales como urbanas.
