En una revelación que ha sacudido a la ciudad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha expuesto un amplio informe de hallazgos e irregularidades que comprometen seriamente a la administración anterior, liderada por Daniel Quintero. Según los resultados de una exhaustiva auditoría forense, se han identificado 501 casos de decisiones que ponen en riesgo millonarias cifras de recursos públicos, evidenciando una gestión marcada por el presunto fraude y la corrupción.
Dentro de los señalamientos más alarmantes se encuentra la presunta adjudicación fraudulenta de contratos en el programa insignia «Computadores Futuro», destinado a la entrega de equipos informáticos a estudiantes. Gutiérrez reveló que, además de sobrecostos y retrasos, algunos de estos computadores terminaron en casas de empeño, lo que agrega una capa de indignación a la situación.
Otro aspecto crítico es el supuesto «carrusel de la contratación» ligado al Presupuesto Participativo, a través del cual se habrían favorecido a 18 corporaciones con contrataciones que superan los $25.000 millones en 2023. Esta práctica, respaldada por correos electrónicos y testimonios, viola claramente la ley al direccionar recursos públicos hacia entidades específicas.
La administración Gutiérrez, que ha prometido limpiar la casa y restaurar el orden tras recibir una alcaldía «incinerada, vandalizada y saqueada», ha puesto estos casos en conocimiento de los órganos de control y ha presentado las pruebas necesarias para iniciar procesos judiciales. Entre los hechos denunciados se encuentra el negocio fallido de la Clínica de la 80 con SaludCoop, que resultó en un presunto detrimento patrimonial para la ciudad, y la compra cuestionable de un predio para un jardín infantil de Buen Comienzo, entre otros.
Este compendio de irregularidades y malas gestiones ha provocado una ola de indignación en Medellín, con el alcalde Gutiérrez comprometido a llevar ante la justicia a los responsables de lo que describe como uno de los episodios más oscuros en la administración pública de la ciudad. La comunidad espera ahora que las autoridades competentes actúen con celeridad y justicia para reparar el daño hecho al patrimonio y la confianza pública.
