En una reciente declaración, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha denunciado lo que califica como una «persecución» en contra de su movimiento político, Independientes, a raíz de un pronunciamiento de la Procuraduría. Este órgano solicitó a un juez la pérdida de la curul de Juan Carlos Upegui, concejal de la oposición en Medellín, alegando una presunta inhabilidad para ocupar el cargo, lo que ha generado una tormenta política en la ciudad.
El epicentro de la controversia radica en la candidatura de Juan Carlos Upegui a la alcaldía de Medellín por el movimiento Independientes, liderado por Quintero. Tras quedar en segundo lugar en las elecciones, Upegui asumió una curul en el concejo municipal. Sin embargo, su permanencia en este cargo se ve amenazada por las alegaciones de que su padre fue nombrado rector de un colegio público en medio del período electoral, lo que podría constituir una causal de inhabilidad según la legislación colombiana.
Quintero, en su defensa a Upegui, argumentó que la asignación del padre de Upegui como rector fue temporal y en un establecimiento de reducido tamaño, insinuando que esto no debería influir en la validez de los votos obtenidos por Upegui. Según Quintero, incluso eliminando todos los votos de Upegui en el área donde su padre fue nombrado, Upegui aún habría obtenido suficientes votos para asegurar su curul y, por ende, el derecho a la oposición en el concejo.
La disputa no solo se centra en la curul de Upegui, sino también en lo que Quintero describe como un ataque sistemático contra los derechos de la oposición en Medellín. Según él, acciones previas del partido del actual alcalde, Federico Gutiérrez, han demostrado un desprecio por el estatuto de la oposición, incluyendo la negativa a permitir la elección de un vicepresidente de la oposición, como lo establece la ley.
Esta situación plantea serias preguntas sobre la salud de la democracia y la libertad de oposición en Medellín, poniendo de manifiesto las tensiones políticas en la ciudad y la delicada balanza entre legalidad y legitimidad en la ocupación de cargos públicos. La comunidad espera ansiosa una resolución que, más allá de las implicaciones legales, respete los principios democráticos fundamentales.
