La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió este miércoles la amnistía a Rodrigo Granda, conocido como el «canciller de las FARC», por los delitos de rebelión, en una decisión que marca un punto crucial en el proceso de paz y reconciliación del país. La medida fue adoptada por la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, cubriendo cinco procesos judiciales que se encontraban en la justicia ordinaria y que relacionaban a Granda con su papel en el mando del antiguo secretariado de las FARC.
Según el comunicado de la JEP, las investigaciones que pesaban contra Granda no incluían pruebas directas que lo vincularan a la comisión de delitos concretos ni a órdenes específicas para perpetrarlos. Por el contrario, la Sala consideró que las acusaciones derivaban de su rol como dirigente de la guerrilla y no de su responsabilidad individual en hechos punibles. De los 42 expedientes acumulados en su contra, la JEP ya ha resuelto 38, incluyendo 10 procesos que involucraron 275 hechos victimizantes.
En lo referente a delitos graves como el reclutamiento de menores, la JEP aclaró que Granda no fue señalado como máximo responsable, lo que evitó que se activara la ruta sancionatoria en su contra. Esta decisión contrasta con los pendientes que aún tiene el excabecilla en la justicia ordinaria, como el caso del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas, ocurrido en 2004. Por este caso, la JEP determinó en abril que no tenía competencia, abriendo la posibilidad de que Granda enfrente una eventual extradición a Paraguay.
El fallo de la JEP pone en evidencia las tensiones inherentes al modelo de justicia transicional adoptado en Colombia. Mientras el tribunal busca cumplir con su misión de equilibrar justicia y reconciliación, casos como el de Rodrigo Granda muestran cómo los vacíos o limitaciones en la jurisdicción especial pueden generar incertidumbre jurídica y política. La posible extradición a Paraguay plantea un desafío para el acuerdo de paz, al exponer a sus beneficiarios a procesos que, aunque legítimos en términos internacionales, socavan la promesa de reintegración que busca garantizar la JEP.
