La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) alertó sobre los impactos económicos que podría generar el impuesto al carbono, incluido en el artículo 21 de la reciente reforma tributaria. Según la entidad, este gravamen, que busca desincentivar el uso de combustibles fósiles, tendría efectos adversos en el sector del transporte de carga y, por ende, en la economía del país, afectando especialmente a los pequeños propietarios que conforman el 80 % del parque automotor.
Uno de los principales temores de Colfecar es el efecto inflacionario que podría derivarse del incremento en los costos de transporte. Al ser las carreteras el medio predominante para movilizar mercancías en Colombia, cualquier alza en los precios de combustibles repercutiría directamente en el valor de los productos de la canasta familiar y otros bienes esenciales. A esto se suma el posible aumento en las tarifas de transporte de pasajeros, afectando a millones de ciudadanos.
La entidad enfatizó que el impuesto al carbono llega en un momento crítico para el gremio, que ya enfrenta sobrecostos significativos por peajes, incrementos salariales, costos financieros y pérdidas asociadas a las frecuentes interrupciones en las vías nacionales. En 2024, se han registrado más de 1.980 bloqueos por protestas sociales y deslizamientos, sumados al deterioro de la infraestructura vial y a la creciente inseguridad en las carreteras.
Para mitigar estos impactos, Colfecar propuso al Gobierno Nacional que parte de los recursos recaudados por el impuesto al carbono se destinen a un fondo de modernización del parque automotor de carga. Esta medida permitiría financiar la transición hacia vehículos más eficientes y menos contaminantes, una meta que los pequeños transportistas no pueden asumir por sí solos debido a las limitaciones económicas.
El impuesto al carbono, aunque necesario para cumplir con los compromisos ambientales del país, plantea retos significativos en su implementación. La falta de un plan de transición claro y de recursos para modernizar el parque automotor podría exacerbar desigualdades en el sector y trasladar el costo ambiental a los consumidores finales. El Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar sus metas climáticas con la protección de los pequeños transportistas y la estabilidad económica, especialmente en un contexto de alta inflación y tensiones sociales.
