El contratista Emilio Tapia Aldana, figura central del escándalo de corrupción de Centros Poblados, aceptó su responsabilidad en el manejo fraudulento de recursos públicos y anunció un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para devolver $5.000 millones obtenidos ilícitamente. Tapia, quien permanece recluido en una cárcel de Malambo, reconoció los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, cometidos en el marco del contrato 1043 de 2020 con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Como parte del preacuerdo presentado por la Fiscalía, Tapia será condenado a 76 meses de prisión, equivalente a seis años y tres meses. También deberá pagar una multa de $4.700 millones, realizar un acto público de disculpas y estará inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena. Según su declaración, ya ha devuelto la mitad del dinero malversado y entregará dos bienes inmuebles como garantía para saldar el monto restante.
El caso, que involucraba un contrato de más de un billón de pesos para llevar Internet a 7.000 escuelas rurales, se vio empañado por la utilización de documentación falsa para garantizar la adjudicación del proyecto a la Unión Temporal Centros Poblados, liderada en la sombra por Tapia. Tras recibir un anticipo de $70.000 millones, se descubrió que la empresa carecía de experiencia y medios tecnológicos para cumplir el contrato. El dinero fue desviado para gastos personales, incluyendo la compra de bienes de lujo y pagos a socios.
La audiencia para validar el preacuerdo se llevará a cabo el próximo 18 de febrero. Por tratarse de delitos contra la administración pública, Tapia permanecerá privado de la libertad, incluso con la reducción de su pena.
El caso Centros Poblados refleja un patrón alarmante de corrupción que socava los recursos destinados a la infraestructura educativa y tecnológica en las zonas más vulnerables del país. Aunque la aceptación de culpa y el acuerdo de reparación son pasos positivos, la condena de poco más de seis años parece insuficiente frente al daño causado a las comunidades que dependían de este proyecto. El sistema de justicia enfrenta el reto de garantizar que estos actos no queden como precedentes de impunidad y de reforzar los controles sobre el uso de recursos públicos en contratos de alto impacto social.
