El gremio de empresarios, liderado por Fenalco, ha expresado su firme rechazo al nuevo impuesto que propone la Gobernación de Antioquia para financiar la seguridad en el departamento. La iniciativa busca recaudar $1,2 billones entre 2025 y 2027, imponiendo una sobretasa en la factura de servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, así como a las empresas. Sin embargo, los sectores productivos aseguran que ya no pueden soportar más cargas tributarias.
Según María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, la propuesta representa un golpe directo a la formalidad empresarial en un momento crítico. Para las familias de estrato 4, el impuesto significaría un aumento de cerca de $20.000 en su factura mensual, pero para las empresas, el impacto sería mucho mayor, especialmente ante la posible alza de tarifas de energía por un déficit proyectado para 2025. A estas preocupaciones se suman otras asociaciones como Intergremial, que han criticado la falta de socialización de la medida.
La crisis de seguridad en Antioquia es indiscutible. El Clan del Golfo domina ya el 52 % de los municipios, y otras estructuras como el ELN y las disidencias de las Farc amplían su control en el territorio. A pesar de ello, sectores como la Alcaldía de Medellín y EPM, que no fueron consultados, consideran que la propuesta puede agravar las dificultades económicas de la región. En subregiones como el Occidente antioqueño, las extorsiones han crecido un 185 %, y en áreas como el Bajo Cauca los homicidios aumentaron significativamente.
La seguridad enfrenta un déficit crítico de personal. Antioquia ha perdido cerca de la mitad de su fuerza policial en 15 años, pasando de 9.000 uniformados en 2009 a menos de 5.000 en la actualidad. A esto se suma la falta de infraestructura tecnológica en muchas zonas rurales, dejando a las comunidades expuestas al crimen organizado. Mientras tanto, la Gobernación insiste en que la medida es necesaria para recuperar el control territorial y mejorar las condiciones de seguridad.
La propuesta de la Gobernación pone de manifiesto una tensión entre la necesidad urgente de seguridad y la presión económica sobre la ciudadanía y las empresas. Si bien es claro que Antioquia requiere una inversión sustancial para frenar la expansión de los grupos armados ilegales, es cuestionable imponer nuevas cargas fiscales sin alternativas más equitativas y consensuadas. Este choque refleja la desconexión entre las políticas públicas y las realidades económicas de la región.
