En una reciente sentencia, la Corte Constitucional de Colombia ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de elección popular, como alcaldes y gobernadores. Este fallo deja sin efecto una decisión previa del Consejo de Estado, que había intentado limitar la autoridad del Ministerio Público para destituir e inhabilitar a funcionarios electos, argumentando que esta potestad vulneraba los derechos políticos de los sancionados según la Convención Americana de Derechos Humanos.
La controversia sobre las facultades de la Procuraduría surgió en 2020, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del expresidente Gustavo Petro, concluyendo que el Estado colombiano había violado sus derechos al destituirlo cuando fue alcalde de Bogotá. No obstante, la Corte Constitucional ha argumentado que la Constitución colombiana permite a la Procuraduría ejercer control disciplinario, incluso sobre los funcionarios elegidos por voto popular, bajo un sistema de protección constitucional que considera esencial para la defensa del Estado de derecho.
La Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, estima que cerrará el año 2024 con aproximadamente 100.000 sanciones disciplinarias, incluidas varias dirigidas a funcionarios electos que, según la institución, han incumplido sus deberes públicos. “Este fallo permite que el Ministerio Público mantenga la vigilancia sobre los actos de los servidores públicos en aras de preservar la ética y la legalidad”, explicó la Procuradora Cabello, destacando que esta sentencia brinda claridad y respaldo jurídico a las acciones de su entidad.
El Congreso ha sido exhortado a crear un estatuto especial para los servidores de elección popular, que asegure que el control disciplinario sea compatible con los más altos estándares nacionales e internacionales en derechos políticos. Esta decisión marca un hito en la relación entre el control disciplinario y el ejercicio de derechos electorales en Colombia, en un contexto de fortalecimiento de las instituciones para el cumplimiento de los principios constitucionales y la lucha contra la corrupción en la función pública.
