El Gobierno Petro enfrenta una tormenta financiera tras el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso, una decisión que, según sus voceros, pone en peligro la inversión pública en 26 de 31 sectores estratégicos para el próximo año. Sin embargo, los críticos señalan que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la pésima ejecución presupuestal y el crecimiento desmesurado del gasto en funcionamiento.
Al cierre de 2024, el Ejecutivo no ha ejecutado $92 billones del presupuesto vigente, una cifra alarmante que cuestiona la urgencia de los $12 billones que pretendía recaudar con la tributaria. Además, el gasto en funcionamiento se ha disparado en más de $100 billones en los últimos dos años, lo que representa un incremento del 20 %, mientras que la inversión se ha visto estancada. Para el senador Miguel Uribe, esta situación refleja “un gobierno más preocupado por aumentar la burocracia que por cumplir sus promesas de inversión social”.
El peso del derroche
Entre los gastos que más han crecido están los destinados a esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que suman $5,4 billones, de los cuales $3,4 billones se destinan a escoltas y $1,8 billones a vehículos blindados. Por otro lado, $1,2 billones se gastan en eventos y logística, mientras que ministerios clave, como el de Igualdad, mantienen recursos sin ejecutar por valor de $1,8 billones.
Analistas señalan que el problema no es solo de cifras, sino de prioridades. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de una nueva tributaria, ha mostrado poca voluntad para implementar una política de austeridad que permita redirigir los recursos hacia sectores más productivos. Para el economista Rémi Stellian, esta desconexión entre gastos de funcionamiento e inversión refleja una gestión ineficaz de las finanzas públicas.
Un modelo económico que genera dudas
Los expertos también critican el aumento del 156 % en los contratos por honorarios y la falta de medidas claras para reducir el gasto improductivo. Para el exministro José Manuel Restrepo, esta situación, sumada a las constantes reformas tributarias y la incertidumbre económica, ha elevado los niveles de riesgo país y afectado la capacidad del Gobierno para recaudar ingresos.
La narrativa gubernamental de culpar a administraciones anteriores o al Congreso no resuelve las deficiencias estructurales en la gestión del gasto público. La incapacidad para ejecutar presupuestos y priorizar inversiones es un síntoma de un modelo económico centrado en el crecimiento desbordado de la burocracia, más que en la creación de riqueza y el fortalecimiento de las bases productivas del país. En lugar de buscar soluciones rápidas a través de impuestos, el Gobierno debería enfocarse en optimizar recursos, recuperar la confianza de los inversionistas y diseñar políticas que realmente impulsen el desarrollo económico y social de Colombia.
