El Congreso de la República dio luz verde a una de las leyes más esperadas en el ámbito de la regulación urbana: la denominada «ley contra el ruido». Este proyecto, liderado por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, busca combatir la contaminación acústica, que ha sido señalada como un problema crítico en las principales ciudades del país. Según datos oficiales, el ruido genera el 70% de los conflictos de convivencia en Colombia y afecta a más del 61% de los habitantes de Bogotá.
El texto aprobado contiene 25 artículos que definen estrategias para crear una política pública que permita a las autoridades locales y nacionales controlar de manera efectiva los niveles de ruido. La ley, además, otorga nuevas facultades a la Policía Nacional para intervenir en situaciones de alto impacto acústico en viviendas, comercios y espacios públicos. Asimismo, los municipios con más de 100.000 habitantes tendrán 18 meses para diseñar e implementar planes de gestión contra el ruido, un desafío que podría convertirse en un punto de quiebre para mitigar este fenómeno.
Entre los cambios más destacados, el proyecto prevé sanciones económicas para quienes excedan los niveles permitidos. Estas multas no solo aplicarán a ciudadanos individuales, sino también a negocios y eventos que no cumplan con las normas. Sin embargo, los eventos masivos y festivales organizados legalmente no se verán afectados, ya que la norma busca diferenciar entre actividades comunitarias y ruidos que generan conflictos vecinales.
De acuerdo con estudios de la OMS citados durante el debate legislativo, la contaminación acústica tiene consecuencias serias para la salud pública, como insomnio, estrés crónico, ansiedad y problemas cognitivos en niños. Por ello, la ley también incluye estrategias pedagógicas para sensibilizar a la población sobre los impactos del ruido, en un esfuerzo por transformar los hábitos culturales que perpetúan esta problemática.
La aprobación de esta ley es un paso importante, pero plantea un reto monumental para las autoridades. Mientras la legislación establece objetivos claros, la realidad de su implementación enfrenta el obstáculo de la falta de recursos y el cumplimiento desigual en diferentes regiones del país. Si bien es crucial garantizar el derecho al descanso y a un entorno saludable, también es necesario un equilibrio entre las sanciones y la promoción de prácticas responsables. En un país donde las tradiciones festivas suelen desbordar los límites del volumen, esta ley representa un llamado a la convivencia y la disciplina. La verdadera prueba será si el Estado logra hacer cumplir estas normas sin desbordar su capacidad administrativa ni tensar más la ya frágil relación entre ciudadanía y autoridad.
