El proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural logró superar su primer debate en las Comisiones Primeras de la Cámara de Representantes y el Senado. Esta iniciativa, clave dentro de la agenda legislativa del Gobierno, busca abordar conflictos relacionados con la tenencia, uso y propiedad de la tierra, un tema históricamente problemático en Colombia.
Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación del controvertido concepto de «concentración improductiva» y la declaración de tierras como utilidad pública o interés social. Estas modificaciones responden a las preocupaciones expresadas por sectores que temían la implementación de una «expropiación exprés». Además, el texto aprobado establece que, en caso de oposición a los procesos de clarificación de baldíos, se mantendrá la vía judicial, mientras que si no hay controversia, la Agencia Nacional de Tierras resolverá directamente, incluyendo la recuperación de baldíos urbanos.
Otro ajuste importante es la eliminación de la facultad de los jueces para subsanar demandas de oficio, un cambio que limita sus competencias a obtener documentos como certificados de tradición y representación legal. Esto fue visto por algunos sectores como una medida para fortalecer la seguridad jurídica de los procesos.
El Gobierno busca que este proyecto, junto con otras dos leyes complementarias que regulan la nueva jurisdicción, sean aprobados en las plenarias de ambas cámaras antes del 20 de diciembre, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. De lograrlo, la Jurisdicción Agraria entraría en vigor en el primer semestre de 2025, marcando un hito en la reforma agraria del país.
La creación de la Jurisdicción Agraria representa un paso crucial para garantizar justicia en el campo colombiano, históricamente afectado por conflictos de tierras y desigualdades. Sin embargo, el camino legislativo no ha estado exento de tensiones, especialmente por el temor de sectores productivos ante posibles vulneraciones a la propiedad privada. Aunque la eliminación de conceptos polémicos mitiga esos temores, será fundamental que el Gobierno garantice la imparcialidad y eficacia de los nuevos jueces agrarios para evitar que esta reforma termine capturada por intereses políticos o ideológicos. Este es un reto monumental que exigirá un equilibrio entre justicia social y respeto por los derechos de todos los actores rurales.
