Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha solicitado formalmente a la Fiscalía ser reconocido como víctima en el caso de corrupción que sacude a esta entidad. La petición se centra en un presunto intento de soborno en su contra, que alcanzaría los $10.000 millones, orquestado para alterar su testimonio y proteger a altos implicados en el esquema de irregularidades.
Según López, el abogado Edgar Riveros ofreció esta suma con el objetivo de que tanto él como el exsubdirector de desastres, Sneyder Pinilla, cambiaran sus declaraciones, las cuales señalaban al exdirector de conocimiento de gestión del riesgo, Luis Carlos Barreto, como uno de los principales responsables en la trama. Pinilla también habría recibido una oferta adicional de $3.000 millones.
El escándalo, que se centra en un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, implica el manejo irregular de cerca de $100.000 millones. Estos recursos habrían sido desviados mediante la firma de ocho órdenes de proveeduría con empresas vinculadas a un intermediario. Barreto, señalado en este esquema, fue recomendado por César Augusto Manrique, entonces director de Función Pública.
Una figura clave en el caso ha sido el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla. Moreno, quien actuó como agente encubierto, grabó reuniones con Riveros donde este último habría hecho los ofrecimientos ilícitos. Estas grabaciones constituyen pruebas fundamentales en la investigación y han destapado la red de corrupción que involucra a altos funcionarios, congresistas y otras figuras del Gobierno.
La solicitud de López para ser reconocido como víctima es un giro relevante en este proceso. Aunque enfrenta señalamientos graves, su disposición para colaborar y actuar como testigo podría ser determinante para desenredar la compleja red de corrupción que salpica no solo a la UNGRD, sino a funcionarios de alto nivel. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reformas estructurales para garantizar la transparencia en la gestión pública, así como una respuesta contundente por parte de las autoridades judiciales frente a la corrupción sistemática en las entidades estatales.
