El presidente Gustavo Petro ha optado por utilizar aviones privados en lugar de las aeronaves oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), una decisión que ha levantado preocupación y críticas en sectores de seguridad y entre sus escoltas. Según confirmó Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta medida responde a razones de “fuga de información y seguridad”, ante lo que el mandatario considera posibles amenazas contra su vida.
Rodríguez señaló que, en varias ocasiones, los itinerarios presidenciales han sido modificados de último momento para evitar riesgos, ya que los aviones de la FAC serían “más fáciles de rastrear” por organismos de inteligencia nacionales y extranjeros. Uno de los vuelos privados más recientes habría tenido como destino Cali, durante la realización de la COP16, un evento internacional sobre biodiversidad en el que se desplegó un esquema de seguridad reforzado, incluyendo tecnología antidrones.
Sin embargo, la FAC expresó su preocupación por esta práctica, argumentando que la seguridad del jefe de Estado está comprometida al no transportarse en aeronaves oficiales, diseñadas y equipadas específicamente para proteger al presidente. A esto se suma la creciente influencia de la UNP en las decisiones de seguridad presidencial, liderada por Rodríguez, quien ha asumido el control de estas operaciones, desplazando en parte a Casa Militar y la Policía.
La decisión también refleja una constante desconfianza del presidente Petro hacia los protocolos tradicionales. Según fuentes cercanas, el mandatario no solo desconfía de los sistemas de seguridad establecidos, sino que también se siente incómodo con el exceso de formalidades que rodean la figura presidencial. Para manejar estos desafíos, ha reforzado su esquema con escoltas de confianza, muchos de ellos exmiembros del M-19, lo que ha generado tensiones internas, incluso con su familia, como se evidenció en el cambio de más de 30 escoltas asignados a la primera dama, Verónica Alcocer, a mediados de este año.
El uso de aviones privados por parte del presidente no solo plantea dudas sobre la eficacia de su esquema de seguridad, sino que también abre interrogantes sobre el control que la UNP ejerce en estas decisiones y la capacidad de la FAC para cumplir su misión constitucional. Si bien garantizar la seguridad del mandatario es prioritario, estas medidas podrían ser vistas como un debilitamiento de las instituciones tradicionales y un aumento de la centralización de poder en figuras de confianza, en detrimento de los protocolos establecidos. Esto, sumado a las tensiones internas en el Gobierno, refleja un escenario de inseguridad institucional que requiere una pronta resolución para evitar mayores fracturas en el aparato estatal.
